*Los servidores públicos avalan despojo de terrenos para obtener dividendos que son dirigidos a sus arcas personales
Por. Angel Zepeda
En el estado de México ha comenzado el famoso “año de Hidalgo”, principalmente en los municipios que habrá transición tras las elecciones. Parece que los funcionarios se quieren llevar una buena tajada de dinero para sus arcas personales.
Este es el caso de Cuautitlán Izcalli, en donde sus habitantes han comenzado a denunciar despojo de terrenos por parte de grupos invasores protegidos por servidores públicos que están a casi nada de dejar sus cargos, ante la inminente derrota de la alianza PRI-PAN-PRD.
En algunos de estos casos, hay policías municipales involucrados, que sin ningún tipo de inconveniente o descaro, protegen a esas células que se dedican al despojo e incluso, hasta presumen que las máximas autoridades están enteradas de la situación y de las transas que se hacen e incluso las aprueban para que de ahí obtengan más recursos que van a parar a sus bolsillos.
A cinco meses de concluya la administración municipal, esta misma situación se repite en Naucalpan de Juárez, donde pululan los grupos de personas que se dedican al despojo de terrenos e inmuebles, quienes protegidos por autoridades, realizan cambios de uso de suelo y hasta se dan el lujo de condicionar los servicios públicos a los habitantes, quienes ya han comenzado a pedir auxilio a la gobernadora Delfina Gómez, quien al momento no ha respondido a esos llamados de angustia y desesperación.
Uno de los afectados decidió hacer pública su identidad para narrar los lamentables hechos de corrupción que han surgido en el Estado de México e incluso ya hizo su denuncia ante las autoridades correspondientes para evitar que la problemática crezca.
Se trata de Guillermo Orozco Barquín, propietario de los terrenos 11 y 12 de la manzana 8 E, ubicados en la calle Pelícanos en el Fraccionamiento Lago de Guadalupe, quien ante Olivier Horacio Garay Velázquez, director de Sustentabilidad, y Medio Ambiente de Cuautitlán Izcalli, denunció que el pasado 29 de julio se detectó una tala clandestina de árboles.
“En esa fecha los vecinos del fraccionamiento me informaron que de manera clandestina varios sujetos estaban derribando unos 100 árboles que se encuentran dentro de mis terrenos, por lo que de inmediato solicité el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, señaló el pasado 6 de agosto 2024.
El denunciante señaló que Alfa 90 es la empresa responsable del derribo de los árboles y que estaba protegida por el comandante de la SSC, Miguel Garnica, quien ordenó que no se efectuara ninguna detención en este sentido, toda vez que él era el encargado de avalar las acciones.
De acuerdo con el mando policiaco, “los permisos, derribos, licencias para construir y demás acciones estaban en regla y no había ningún inconveniente”, a pesar de que son terrenos particulares, con un dueño visible en todo momento y que se comprobó la falsedad de las órdenes para meterse a los terrenos y cortar árboles.
Cabe señalar que todas estas denuncias ya fueron puestas en el escritorio de la maestra Carla Fiesco García, Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli, quien al momento se ha negado a dar alguna respuesta para resolver el problema, porque prefiere solapar delincuentes.
