*Hoy saldamos una deuda que tenían los gobiernos anteriores con las comunidades indígenas
Por. Gaby Hernández
“Es una deuda histórica que estamos saldando con los pueblos y comunidades indígenas olvidados por gobiernos anteriores”, aseguró la diputada local por Morena, Carmen de la Rosa Mendoza, en referencia al Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el país.
Esta reforma representa un parteaguas legislativo que contribuirá a la integración plena de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la vida nacional, garantizando sus derechos y fortaleciendo sus capacidades para el desarrollo, dijo la legisladora tras añadir que la colaboración interinstitucional será clave para la implementación efectiva de estas reformas en los próximos meses.
México ha firmado diversos tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos de los pueblos originarios, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese sentido, la reforma busca actualizar el marco jurídico nacional en concordancia con dichos tratados.
De la Rosa Mendoza destacó que la propuesta de reforma al Apartado A del artículo 2 contempla el fortalecimiento de derechos intelectuales y de autor, protección de conocimientos tradicionales, participación en modelos educativos basados en sus culturas, preservación de la bioculturalidad y los territorios sagrados, así como dar garantía de derechos político-electorales y acceso a la justicia.
Además, se promoverá el desarrollo integral de los pueblos y comunidades bajo sus propios sistemas organizativos y se garantizará la consulta previa, libre e informada para decisiones que pudieran afectar su entorno y vida diaria.
Por otra parte, la reforma al Apartado B se centra en la obligación de los tres niveles de gobierno para establecer instituciones y políticas públicas que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos de estos pueblos y comunidades.
La diputada mencionó que la reforma prevé el fomento de la agroecología, el fortalecimiento de la educación indígena, el reconocimiento de la medicina tradicional y la garantía del derecho a una alimentación nutritiva y suficiente. De igual forma, se busca asegurar la inclusión y participación de las mujeres indígenas en todos los procesos de desarrollo integral.
En cuanto a la reforma del Apartado C, se introduce un marco específico para la protección de la identidad cultural, modos de vida y patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades afromexicanas, así como su inclusión en los censos y registros oficiales.
Finalmente, se adiciona un Apartado D para reconocer y garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones públicas, así como el respeto a sus derechos de acceso a la educación, la salud y la tierra. También se reconoce el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a recibir atención en sus propias lenguas, asegurando su acceso pleno a la educación, tecnología y cultura.
Con esta iniciativa, se sienta un precedente histórico, ya que se prevé que, una vez aprobada, el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales deberán establecer las disposiciones legales necesarias en un plazo de 180 días.
