En abril próximo ciudadanos que quieran regularizar sus predios recibirán un subsidio que otorgará el gobierno del Estado de México por medio del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), a fin de brindar seguridad patrimonial a los mexiquenses y reducir el millón y medio de predios que se encuentran en condiciones de irregularidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Tras dar a conocer lo anterior, el diputado Max Correa Hernández explicó que se trabajó un artículo transitorio en el Código Financiero en relación a las cuotas que establece el artículo 95, para etiquetar un monto inicial de 50 millones de pesos con el fin de que el gobierno de Maestra Delfina Gómez Álvarez otorgue el beneficio a los ciudadanos, y al mismo tiempo el IFREM no comprometa su fuente de ingresos.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del estado, señaló que las personas interesadas en regularizar sus bienes inmuebles deberán acudir al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para informarse sobre los procedimientos requeridos para obtener el apoyo gubernamental.
“Es importante que las personas aseguren su patrimonio, y la intención de la legislatura y el gobierno del Estado de México es evitar que durante el proceso de regularización de predios se cuelen intereses de desarrolladores, “coyotes” y defraudadores”.
Especificó que esta acción es parte de la estrategia que lleva a cabo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para disminuir los índices de pobreza patrimonial que enfrentan miles de familias en la entidad, y que se suman a los programas implementados por el gobierno estatal, como el usucapión, jornadas itinerantes del Poder Judicial, prescripción positiva e inmatriculaciones ante el IFREM”.
El legislador de Morena recordó que el rezago en la regularización de predios en todo el estado fue parte de la negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno porque no tuvieron la voluntad política de apoyar la seguridad de la tenencia de la tierra, y utilizaron a la sociedad como botín político electoral a partir de la incertidumbre de no poder regularizar los predios donde se encuentran sus viviendas.
Finalmente, pidió a los mexiquenses estar atentos porque el Artículo transitorio establece un plazo de 90 días para que se dicten las reglas de operación para hacer efectivo el apoyo de 50 millones de pesos por parte del gobierno del estado para el pago de los derechos registrales.
