Por. Gaby Hernández
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada el Proyecto de Decreto que busca reformar el párrafo X del artículo 25 y la Fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación administrativa y digitalización.
La reforma de decreto, señaló que la burocracia es un componente esencial del Estado, sin embargo, en México existe un exceso de trámites administrativos y una falta de sistematización y digitalización que expone un alto índice de corrupción sobre las instituciones públicas.
El diputado Emiliano Álvarez de Morena, destacó que gracias a la aprobación de la reforma, se simplificarán los trámites engorrosos en instituciones públicas “que en muchas ocasiones absorben el tiempo, energía y dinero de las y los mexicanos”, dijo.
El Instituto Nacional de Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), señaló en 2023, el 52.4% de la población realizó sus trámites, pagos o solicitudes de gobierno, en dependencias del Estado, mientras que el 16.2% recurrió al uso de internet y el 15.4% asistió a un banco, farmacia o tiendas departamentales.
Esta misma encuesta, destacó que el 83.1% de la población que realizó algún trámite burocrático entre noviembre y diciembre de 2023, percibió actos de corrupción.
La descentralización de trámites y la coordinación entre instituciones permitirán eliminar redundancias y optimizar recursos. Un sistema en el que las bases de datos gubernamentales estén interconectadas reduciría la necesidad de que las y los ciudadanos presenten repetidamente la misma documentación ante distintas dependencias, destacó la reforma
“En México existen alrededor de 7 mil trámites que representan un obstáculo significativo para la ciudadanía destacando que en promedio, una persona realiza 487 diligencias en toda su vida, por ello estamos a favor de que se aprobara el decreto y la simplificación de estos trámites sea una realidad en México“, señaló el diputado Álvarez.
De acuerdo con la Comisión de Puntos Constitucionales, el decreto es compatible con diversos postulados internacionales, que proponen el impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para un mejor desarrollo equitativo y sostenible en el fortalecimiento de la gobernabilidad.
