📍Toluca Edomex | 5 Febrero 2026
Por. Manuel Zepeda
Con el objetivo de garantizar la calidad en la impartición de justicia y el cumplimiento de la ley, el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México pondrá en marcha un proceso integral de evaluación y supervisión dirigido a las 84 personas juzgadoras que resultaron electas mediante voto ciudadano.
El Magistrado Jesús Ángel Cadena Alcalá, integrante de dicho tribunal, informó que este mecanismo no es opcional, sino que deriva de mandatos establecidos en la Constitución estatal y la Ley Orgánica. El proceso busca verificar que quienes ocupan los cargos de jueces y magistrados cuenten con la capacidad técnica y la conducta ética necesarias para el puesto.
Un sistema de evaluación basado en resultados
La supervisión se llevará a cabo a través de seis indicadores de desempeño y un examen de conocimientos coordinado por la Escuela Judicial. Entre los puntos clave a revisar destacan:
Productividad y eficiencia: Se analizará el volumen de trabajo y el dictado de sentencias en los tiempos legales.
Atención al ciudadano: Se medirá la satisfacción de los usuarios respecto al servicio recibido en el Poder Judicial.
Conducta ética: Se verificará que los juzgadores no tengan sanciones administrativas o procesos de responsabilidad abiertos.
Legalidad técnica: A través de visitas presenciales, se auditarán expedientes para asegurar que las sentencias respeten los derechos humanos, el debido proceso y los tratados internacionales.
Calendario del proceso
El Magistrado Cadena detalló que las visitas de inspección, realizadas por la Unidad de Evaluación y la Visitaduría General, iniciarán formalmente el próximo 3 de marzo y se extenderán durante cuatro meses. Posteriormente, entre los meses de junio y julio, se aplicará el examen teórico-práctico de conocimientos.
“No se trata de lesionar la independencia judicial, sino de garantizar que la ciudadanía reciba una justicia de calidad, técnica y profesional”, enfatizó el magistrado, señalando que los resultados también servirán para diseñar nuevas políticas públicas que mejoren el sistema judicial mexiquense.
