📍Valle de México | 08 Mayo 2026
Por. Gaby Hernández
A 34 años del fin del reparto agrario, existen más de 20 mil expedientes en rezago que no fueron debidamente resueltos, por lo que quedaron fuera del acceso a los Tribunales Agrarios, lo que incluye comunidades indígenas agrarias del Estado de México, donde se estima que existen cerca de 400 sin reconocimiento y titulación legal de sus tierras, pese a ser guardianas históricas de los bosques y del agua que sostienen a millones de personas en las zonas urbanas.
Durante un mitin realizado frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Max Correa Hernández, dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), dijo que estas comunidades enfrentan diariamente presiones de grupos económicos, intereses inmobiliarios, actores políticos y estructuras criminales que buscan apropiarse de sus territorios.
“Hoy, donde antes se sembraban alimentos, muchos pretenden sembrar desarrollos urbanos y especulación inmobiliaria. El debilitamiento del sector agrario debilitó también la capacidad del Estado mexicano para garantizar justicia territorial, sustentabilidad ambiental y paz social en el campo”, advirtió Correa Hernández.
En ese sentido, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su acompañamiento para atender demandas históricas de ese sector, particularmente las relacionadas con el rezago agrario, el reconocimiento de comunidades indígenas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la justicia social en el campo.
Tras señalar que es indispensable que el segundo piso de la Cuarta Transformación coloque nuevamente al campo, a los ejidos y a las comunidades indígenas en el centro de la agenda nacional, dijo que celebran la reciente firma del convenio entre la SCJN y el sector agrario para la defensa de la propiedad social y el territorio, “sin embargo, es necesario ampliar la visión para incluir a miles de campesinos y comunidades que nunca tuvieron acceso efectivo a la justicia agraria”.
Entre sus demandas piden: Impulsar el fortalecimiento institucional del sector agrario encargadas de atender la justicia agraria, la conciliación y la defensa de la propiedad social; incorporar el rezago agrario histórico como una prioridad nacional, incluyendo los expedientes que nunca fueron resueltos, y los casos de comunidades indígenas agrarias que aún carecen de reconocimiento y titulación.
Promover un Programa de Conciliación y Justicia Agraria en el Bosque de Agua, con perspectiva de respeto a los derechos de la naturaleza, que permita resolver de fondo las controversias entre núcleos agrarios y con particulares; Fortalecer la formación agraria y comunitaria, mediante programas académicos y diplomados dirigidos a abogados agrarios, representantes ejidales y autoridades comunitarias.
Así como garantizar un presupuesto suficiente y creciente para este sector, bajo una lógica de prosperidad compartida entre el México urbano y el México rural, reconociendo que la propiedad social y los territorios comunitarios son estratégicos para la sostenibilidad ambiental, hídrica y alimentaria del país.
Finalmente, solicitaron la instalación en una mesa permanente entre la SCJN, el Sector Agrario y la CCC, “con la finalidad de que puedas ser consideradas nuestra agenda de necesidades y propuestas”. dentro del marco convenio de colaboración antes señalado.
