Por. Dr. y L.C.P. y F. Sergio Alberto Morales Zaldívar
Integrante de la comisión técnica Sector Empresarial del Colegio de la Contaduría Pública de México
El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 comprometió 5.6 billones de pesos, y los indicadores del sector empezaron a repuntar en abril de 2026 tras 23 meses de retrocesos; sin embargo, el empleo en las empresas constructoras acumula caídas anuales consecutivas y la formalidad laboral del sector retrocede. Este artículo sostiene que la restricción operativa de los próximos cuatro años no será financiera sino laboral, y que se compone de tres fuerzas simultáneas: el retroceso del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el envejecimiento de la fuerza de trabajo sin relevo generacional, y la competencia por perfiles técnicos con sectores que pagan más, además se examinan las implicaciones para la estructura de costos y la gestión de riesgo contractual de las empresas constructoras, y se plantea que la retención de personal calificado dejó de ser un asunto de recursos humanos para convertirse en una variable de competitividad.
La conclusión es que el supuesto que sostuvo los precios unitarios durante dos décadas -mano de obra siempre disponible, barata y sustituible- ya no describe el mercado.
Introducción
El 3 de febrero de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión pública y mixta de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, resultado del análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos, es decir, la distribución concentra 54.15% de los recursos en energía, 15.63% en trenes y 13.93% en carreteras.
Dos meses después, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaba que en abril de 2026 el personal ocupado en las empresas del sector había caído 2.5% a tasa anual y las horas trabajadas 2%.
La lectura simultánea de ambos datos parece una contradicción, y aunque no es una contradicción, describe el problema central del sector para los próximos cuatro años: una cartera de obra en expansión frente a una fuerza laboral que se contrae.
El diagnóstico de la propia industria
En junio de 2026, al presentar los resultados de la Segunda Jornada Nacional de la Construcción, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, planteó que la industria no enfrenta un problema de capacidades, sino de subutilización. El sector, señaló, cuenta con la capacidad técnica, financiera y operativa para participar en los grandes proyectos previstos; el desafío está en acelerar la ejecución y generar las condiciones que permitan materializar las inversiones anunciadas.
El diagnóstico es preciso para el corto plazo, y la solución que implica ─agilizar licitaciones y contratación─ tiene argumentos sólidos, pero hacia el cierre de la década deberá sumarse una pregunta distinta: cómo detener la contracción de la fuerza de trabajo que ejecutará esa obra.
Lo que muestran los datos
La construcción aporta 6.8% del Producto Interno Bruto nacional, se ubica como el quinto sector con mayor participación económica del país e impacta de manera directa o indirecta a casi ocho de cada diez actividades económicas, generando, además, empleo para alrededor de 4.7 millones de personas.
Esa última cifra es la que se mueve en la dirección equivocada porque el sector alcanzó su nivel máximo de contratación en el segundo trimestre de 2024, con 4.9 millones de trabajadores, y descendió a 4.7 millones al cierre de 2025: una pérdida aproximada de 200 mil plazas.
La serie mensual de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) confirma la trayectoria, para enero de 2026 el personal ocupado cayó 3.8% a tasa anual; en febrero, 2.9%; en marzo, 3.2%, y en abril, 2.5%, lo que se traduce en cuatro caídas anuales consecutivas.
El origen inmediato de esa contracción es identificable, el valor bruto de la construcción en obra civil pasó de 291 mil millones de pesos en 2024 a 201 mil millones en 2025, una caída anual de 30.9% donde el empleo siguió a la actividad, como ocurre en todos los ciclos del sector.
Lo que distingue a este ciclo es lo que ocurrió con la calidad de ese empleo.
El retroceso de la formalidad
La proporción de trabajadores del sector registrados ante el IMSS promedió 39.5% durante 2024 y descendió a 37.5% en 2025; el análisis que documenta esta caída la asocia al mayor costo de registrar trabajadores ante el IMSS, derivado principalmente del aumento del salario mínimo, y advierte que los incrementos salariales resultan positivos siempre que no sean tan altos que reduzcan la demanda de trabajo por parte de las empresas.
El fenómeno no es exclusivo de la construcción, pero aquí se manifiesta con particular intensidad. En el primer trimestre de 2026, la tasa de informalidad laboral del sector se ubicó en 81.5%, la tercera más alta del país, sólo por debajo de las actividades agropecuarias y de otros servicios; en el conjunto de la economía, la informalidad alcanzó 54.8 por ciento.
La diferencia es económicamente relevante para el trabajador y estratégicamente relevante para la empresa: quien labora en la informalidad percibe en promedio ingresos equivalentes a la mitad de los de un empleo formal, y carece de acceso a seguridad social, dicha brecha define hoy la principal ventaja competitiva disponible para las empresas que compiten por personal calificado.
El relevo que no llega
Al factor cíclico se suma uno estructural que suele infravalorarse, entre quienes ejercen el oficio de albañil y ocupaciones afines, el tramo de edad con mayor concentración de trabajadores es el de 45 a 54 años, con 487 mil personas, de las cuales 92.2% labora en la informalidad. La fuerza de trabajo del sector envejece sin que se observe un flujo equivalente de incorporaciones jóvenes: los oficios de la construcción no están siendo elegidos como opción de carrera de largo plazo.
El fenómeno alcanza también a los perfiles profesionales, de acuerdo con un estudio internacional especializado en recursos humanos publicado en mayo de 2026 reporta que 73% de los empleadores a nivel global tiene dificultades para encontrar ingenieros calificados, y que 90% de quienes contratan ingenieros considera que la jubilación de sus empleados representa un riesgo. En México, la presión se concentra en energía, automotriz, semiconductores y centros de datos. La advertencia del propio estudio es directa: de no actuar hacia 2030, las consecuencias serán retrasos en infraestructura crítica, mayores costos y menor competitividad.
Además, la construcción no compite consigo misma por el talento técnico, sino con industrias que pagan más, por ejemplo, en Nuevo León, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) estima que se requieren más de 42 mil técnicos especializados, principalmente en electromecánica, mantenimiento industrial y electricidad, que son exactamente los perfiles que una constructora necesita para ejecutar instalaciones de misión crítica.
El dato general lo confirma. La Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, aplicada a más de mil empleadores en el país, reporta que 67% enfrenta dificultades para cubrir vacantes, tres puntos porcentuales menos que el periodo anterior. Sectores como el automotriz, con 81%, finanzas y seguros, con 77%, y manufactura, con 71%, superan ese promedio. El problema no es de disponibilidad de personas, sino de desajuste entre las habilidades requeridas y las existentes.
A ello se añade un factor de calendario: la reducción gradual de la jornada laboral hacia 2030 opera sobre una aritmética simple para el sector: menos horas por trabajador significa más trabajadores por obra.
Por qué esto es un asunto de costos, no de recursos humanos
Para el empresario constructor y para quienes participan en la cadena de suministro, la escasez de personal calificado deja de ser un tema administrativo y se convierte en una variable de estructura de costos y de gestión de riesgo.
El mecanismo es conocido, si la mano de obra se encarece durante la ejecución y el contrato carece de escalatorias adecuadas, el sobrecosto lo absorbe íntegramente el margen.
En proyectos de largo plazo ─y el Plan de Inversión contempla obra plurianual─, esa exposición puede definir la diferencia entre utilidad razonable y pérdida.
La rotación agrava el efecto y muchas de las empresas del sector tienen un número muy elevado de rotación en sus filas, por ejemplo, una obra que no arranca a tiempo por falta de personal acumula costos indirectos de manera inmediata: renta de equipo, financiamiento, personal administrativo y logística, y en contratos con penalización por atraso, el efecto se multiplica; la capacitación se vuelve inversión o gasto según un solo criterio: si el trabajador permaneció el tiempo suficiente para que la empresa amortizara lo erogado en él.
De ahí que la formalización cambie de naturaleza, en un mercado con demanda excedente de personal, ofrecer registro ante el IMSS, capacitación certificada, continuidad entre proyectos, cumplimiento en el pago de horas extra y trayectorias de crecimiento dentro de la organización deja de ser cumplimiento normativo y se convierte en instrumento de atracción.
Señales de inflexión
El panorama no es unívoco, en abril de 2026, el valor de producción de las empresas constructoras rompió una racha de 23 caídas anuales consecutivas y creció 0.4%, impulsado por un alza de 9.8% en trabajos de electricidad y comunicaciones y de 8.7% en obras de agua, riego y saneamiento. La actividad industrial de la construcción creció 10.2% anual y la inversión en construcción, 8.8%.
Las expectativas de contratación acompañaron ese momento, para el segundo trimestre de 2026, la construcción y los bienes raíces registraron la intención de contratación más alta entre todos los sectores, con 53%, frente a una tendencia neta nacional de 41 por ciento.
Conviene, sin embargo, leer ese dato con cautela, para el tercer trimestre, las intenciones de contratación agregadas descendieron a 28%, trece puntos porcentuales menos que el trimestre previo, y el liderazgo pasó a servicios públicos y recursos naturales; el repunte del segundo trimestre fue real, pero no se ha consolidado como tendencia.
Conclusiones
La evidencia disponible apunta en una dirección consistente. La inversión comprometida para el periodo 2026-2030 es histórica; la actividad comenzó a recuperarse en abril de 2026 tras casi dos años de contracción; y, simultáneamente, el empleo sectorial acumula cuatro caídas anuales consecutivas, la formalidad retrocede y la fuerza de trabajo envejece sin relevo visible.
El reto para la industria consiste en romper con el patrón que operó durante las últimas dos décadas: el supuesto de que siempre habría manos disponibles, baratas y sustituibles, ese supuesto sostuvo los precios unitarios, los cronogramas y buena parte de los márgenes del sector y la evidencia sugiere que ya no describe el mercado laboral vigente.
Las empresas que ajusten primero sus condiciones de contratación, sus esquemas de retención y su inversión en capacitación certificada estarán en posición de ejecutar la cartera que viene y las que esperen a que el mercado laboral se normalice competirán por personal que ya habrá sido contratado por otros, dentro y fuera del sector.
El Plan de Inversión está intentando resolver el problema del dinero, el del personal calificado que ejecutará esa inversión sigue abierto, y su solución no depende del presupuesto federal sino de decisiones que cada empresa constructora toma en su propia nómina.
