Si bien la conclusión del juez de control que lleva el juicio contra la empresa Aleática (antes OHL), constructora y operadora del Viaducto Bicentenario, es una vergüenza y “un despropósito legal”, tampoco favorece a la firma española, incluso es “su sentencia de muerte”, coincidieron en señalar el diputado Max Correa Hernández y el abogado Paulo Díez Gargari.
En este sentido, Correa Hernández señaló que el sobreseimiento del juicio a los funcionarios implicados en el ilícito “es una más de las linduras del Poder Judicial porque Aleática no solo carece de la concesión federal para operar el Viaducto Bicentenario, éste también fue construido sobre bienes de la nación.
Detalló que la obra realizada durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se edificó con recursos públicos de la Banca de Desarrollo y de un fondo que existía en Caminos y Puentes Federales (Capufe), pese a que es un negocio privado.
“Son negocios particulares, para empresas extranjeras, realizados al amparo al poder público de la corrupción e ilegalidad, y en este caso pese a todo lo anterior, se efectúa un cobro de peaje indebido a sus usuarios. Es necesario que como habitantes del Valle de México conozcamos este tema para exigir a los gobiernos federal y estatal que se recupere esta vialidad para los mexicanos y mexiquenses”.*
Por su parte, el abogado Paulo Díez Gargari, afirmó que “está acreditado el delito, porque el juez dijo que la Fiscalía General del República (FGR) acreditó que los siete acusados participaron en la explotación de la vialidad de cuota”.
Tras señalar que tanto la FGR como él impugnarán las conclusiones del juez, el cual seguramente será relevado de este caso por las irregularidades que cometió, se arrancará una nueva etapa de investigación complementaria después de que la fiscalía realice la acusación formal.
“Hasta el momento lo único que tiene Aleática es una resolución favorable, pero no hay duda que se va a recuperar (la vialidad), porque hay una resolución firme del Tribunal Colegiado Federal que argumenta que el segundo piso del periférico es una vía de comunicación de jurisdicción federal y que es un bien propiedad de la nación, que es explotado al no contar con la concesión”.
Agregó: “No veo a ningún juez o tribunal manteniendo una barbaridad como la de este juez que dice que sí se está explotando un bien nacional, que no existe concesión federal para hacerlo, sin embargo deja que se siga beneficiando a la empresa española de un delito.
“Nadie puede explotar un bien nacional sin concesión del gobierno federal, y quien lo hace puede tener una condena de cárcel de hasta 12 años y con la pérdida de las obras e instalaciones sin derecho de indemnización”, resaltó el especialista.
Finalmente, apuntó que la apelación debe ganarse fácilmente y dejar sin efecto la conclusión final del juez, porque se trata de un delito y la nación debe recuperar el bien inmueble.
“En el fondo esta sentencia no le favorece nada a la constructora. Es la sentencia de muerte de la empresa, si bien la conclusiones del juez son un disparate, las consideraciones son magníficas”, indicó.
