Por. Gaby Hernández
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, emitió un contundente mensaje ante medios de comunicación tras el fallecimiento de un menor durante un campamento organizado por un plantel educativo privado. Acompañada por Erika, madre del niño fallecido, la alcaldesa denunció irregularidades en la investigación y exigió acciones inmediatas por parte de las autoridades.
Rojo de la Vega señaló que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) ya ingresó al plantel para revisar la legalidad y condiciones del inmueble, acompañado por personal de su gobierno. “Cabe recalcar que ayer en la noche sacaron camionetas, automóviles con cosas. No sabemos qué cosas, pero aquí estamos para exigir que se investigue”, declaró.
Durante su intervención, la alcaldesa aseguró que no se trata de un caso aislado. “Ya se han presentado más de cinco denuncias por otros niños que han sido violentados. No solo los padres, también los menores me han contado las agresiones que sufrieron”, añadió, visiblemente consternada.
Erika, madre del menor fallecido, relató el dolor de recibir a su hijo sin vida, exigiendo respuestas por parte del plantel, que —según ambas— no se ha presentado a ofrecer explicaciones ni apoyo. “Ni siquiera se han acercado a honrar al niño ni a hablar conmigo. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dan la cara?”, cuestionó.
Rojo de la Vega también señaló posibles inconsistencias en la investigación que realiza la Fiscalía de Morelos, afirmando que el dictamen señala una “congestión intestinal” como causa de muerte, pero a la vez indica que se trató de una muerte violenta. “Hay muchas cosas raras. Hemos enviado abogados para esclarecer lo sucedido, y no vamos a dejar de acompañar a Erika”, insistió.
Actualmente, se han iniciado al menos seis carpetas de investigación y se esperan hasta 30 denuncias por parte de otras familias. La alcaldesa confirmó que las denuncias se están presentando con el acompañamiento de abogadas y apoyo psicológico a los menores.
Finalmente, exigió la intervención de la SEP para definir cómo continuarán los estudios de los menores que no desean regresar al plantel, así como la actuación de la Comisión de Derechos Humanos y de las fiscalías correspondientes para garantizar justicia.
