📍Cuernavaca Morelos | 14 Febrero 2026
De la Redacción
Por segunda vez consecutiva, la justicia federal le cierra la puerta en la cara a Joaquín Guillermo Fernández Urbán. El pasado 30 de diciembre de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, a cargo del juez Moisés Arturo Ruiz Flores, decretó el sobreseimiento definitivo del juicio de amparo indirecto 1311/2025. Con esta contundente resolución, queda sepultada cualquier esperanza de que el controvertido personaje logre declararse prescrita la acción penal o blindarse constitucionalmente.
¡No hay amparo, no hay suspensión, no hay escapatoria!
El fallo es tajante: las múltiples y graves carpetas de investigación en su contra conservan plena vigencia y deben seguir su curso hasta las últimas consecuencias. La vía constitucional está agotada. Ahora, las autoridades penales tienen vía libre para determinar las responsabilidades que, en estricto derecho, correspondan.
El caso no es un incidente aislado. Se trata de un largo historial de presuntas maniobras turbias que datan desde 2017: disputas millonarias por inmuebles de alto valor, fraude procesal, uso de documentación apócrifa y despojos patrimoniales que han dejado a varias víctimas en la ruina. Las indagatorias, acumuladas y relacionadas entre sí, revelan un patrón de conducta reiterado que la justicia se niega a dejar impune.
Destaca especialmente la carpeta JC/061/19, donde se le acusa de haber utilizado papeles sin sustento legal para apropiarse indebidamente de propiedades ajenas. En 2019, un tribunal de segunda instancia (Toca Penal 63/2019) confirmó la seriedad de los hechos y la plena procedencia de la acción penal, dejando en claro que las investigaciones jamás fueron un invento.
El prontuario del personaje incluye dos detenciones humillantes:
– En 2017, cayó por primera vez acusado de fraude procesal.
– En 2022, fue capturado cuando intentaba huir del país por vía aérea, lo que derivó en prisión preventiva y una posterior (y polémica) modificación de medidas cautelares.
Estos antecedentes fueron clave para que el juez federal desechara cualquier argumento de prescripción y confirmara que los expedientes no están cerrados, archivados ni olvidados: siguen abiertos, activos y más vigentes que nunca.
Las denuncias apuntan también a posibles irregularidades graves de fedatarios públicos en Morelos, en un entramado que ha sido calificado por afectados y medios como uno de los despojos inmobiliarios más escandalosos de los últimos años en la entidad.
Conclusión demoledora del fallo: la vía del amparo se acabó. El caso pasa ahora al terreno penal puro y duro. Joaquín Guillermo Fernández Urbán deberá enfrentar, sin escapatoria constitucional, el peso de todas las investigaciones que lo persiguen desde hace casi una década.
La justicia, esta vez, no cedió. Las víctimas esperan respuestas. Las carpetas siguen abiertas. Y el reloj sigue corriendo…
