Que el despojo sea considerado un delito grave, así como tipificar la retención ilegal de cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la colocación de adhesivos alusivos a organizaciones sociales o partidos políticos en vehículos para evadir responsabilidades administrativas y fiscales, son objetivos de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal propuesta por el diputado Octavio Martínez Vargas.
Al compartir que en el Estado de México cada dos horas se presenta una denuncia por despojo, el legislador explicó que esta acción ya es considerada un delito con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa, pero el objetivo es aumentarlas de los cinco a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación.
Así como cuando el despojo sea clandestinamente, aprovechando la ausencia de la persona poseedora o propietaria legítima; con engaños o abuso de confianza; o bien cuando se haga uso ilegítimo de la fuerza pública (sin orden judicial válida o con documentos apócrifos).
La iniciativa también establece que, cuando se inicie proceso y la persona denunciante acredite (mediante inscripción registral vigente) propiedad o posesión legítima del inmueble, el Ministerio Público deberá solicitar a la persona juzgadora de control (en un plazo no mayor a 24 horas) la restitución inmediata y provisional de la posesión, sin necesidad de agotar juicio civil ni esperar sentencia definitiva, a fin de garantizar una respuesta expedita y eficaz por parte del Estado.
Además, la persona juzgadora resolverá en un plazo máximo de 48 horas y podrá autorizar el uso de la fuerza pública para ejecutar la restitución, la cual se ejecutaría en un plazo no mayor a 48 horas, con auxilio de la fuerza pública, salvo que la o el imputado acredite de forma inmediata un título registral contradictorio o prueba fehaciente de posesión legítima.
Al respecto, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) lamentó que conductas relacionadas con el despojo se sigan expandiendo y realizando en colaboración con autoridades municipales, como en un reciente caso que afectó a 200 personas de un área de uso común, descrita por la diputada como un régimen de propiedad condominal, en Ecatepec, ante lo cual iniciaron acciones legales.
En respuesta, el diputado Octavio Martínez aclaró que un bien privado se estaba confundiendo con un bien público, por lo que no se trata de despojo.
