📍Ecatepec | 17 Septiembre 2026
La Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto de Ecatepec prepara una ofensiva jurídica y federal contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de los señalamientos contenidos en el comunicado difundido el pasado 9 de septiembre, mediante el cual la institución informó sobre una investigación relacionada con diversos hechos delictivos y personas vinculadas con la zona de la Central de Abasto.
La primera acción será solicitar formalmente a la FGJEM que confirme si el comunicado identificado con el número 855/2026 es oficialmente atribuible a la institución, a fin de establecer con precisión el origen, carácter y responsabilidad institucional sobre su contenido.
El presidente del Consejo Directivo de la Central de Abasto de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, explicó que esta petición es necesaria porque el documento fue difundido en distintas plataformas y medios de comunicación, mientras que, según expuso, no aparece de la misma manera en los espacios institucionales donde habitualmente se concentran los comunicados oficiales de la Fiscalía.
A partir de esa respuesta, explicó, la organización determinará y ejercerá las acciones legales y administrativas que correspondan, incluyendo aquellas relacionadas con los señalamientos falsos e imprecisos difundidos contra comerciantes, productores y representantes de la Central de Abasto, así como con las afectaciones que dicha información haya generado a su imagen y derechos.
Martínez Vargas sostuvo que el comunicado de la Fiscalía realiza referencias reiteradas a la Central de Abasto de Ecatepec al informar sobre investigaciones por diversos delitos, lo que puede generar una asociación generalizada entre el centro de distribución y actividades delictivas.
Por ello, demandó que la autoridad precise quiénes son las personas investigadas, cuáles son los hechos que se les atribuyen y qué relación tienen realmente con la Central de Abasto, evitando afectar a comerciantes que no tengan responsabilidad acreditada.
La organización recordó que la Central de Abasto constituye un punto estratégico para la distribución de alimentos y que registra una afluencia aproximada de 55 mil personas diariamente, además de comercializar alrededor de 3 mil toneladas de alimentos cada día.
Cuestionan señalamientos contra comerciantes
Durante la conferencia de prensa, representantes jurídicos de la organización señalaron que el comunicado de la Fiscalía hace referencia a personas, inmuebles y organizaciones presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la zona.
Los abogados sostuvieron que algunas de las personas mencionadas públicamente no forman parte de la Mesa Directiva ni de los órganos de administración de la Central de Abasto, por lo que exigieron que la Fiscalía precise la información difundida.
También señalaron que, cuando se trata de personas sujetas a investigación, deben respetarse la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen.
Martínez Vargas enfatizó que la Central de Abasto no se opone a que las autoridades investiguen cualquier hecho delictivo ni a que se sancione a quien resulte responsable, pero rechazó que las investigaciones puedan utilizarse para generar una imputación generalizada contra toda la comunidad comercial.
Caso de Alejandro Sánchez
En la conferencia también se abordó la situación jurídica de Alejandro Sánchez, comerciante de la Central de Abasto, cuya familia, compañeros y representantes legales participaron en el encuentro con medios.
Martínez Vargas sostuvo que Sánchez no forma parte de la Mesa Directiva de la Central de Abasto, pese a que, según expuso, así habría sido presentado en información difundida por la Fiscalía.
La representación legal dio a conocer un auto de no vinculación a proceso relacionado con una de las acusaciones formuladas contra Sánchez y sostuvo que el juez determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por ese delito.
Sin embargo, señalaron que, posteriormente, al salir del centro penitenciario, Sánchez fue detenido nuevamente mediante una nueva orden de aprehensión relacionada con una acusación distinta por presunta extorsión.
Los abogados cuestionaron que la Fiscalía haya difundido públicamente una versión que, de acuerdo con la documentación presentada durante la conferencia, no correspondería con la determinación judicial.
Martínez Vargas anunció que este caso también será incorporado a las acciones jurídicas y administrativas que prepara la organización, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Familiares denuncian incomunicación
Durante la conferencia intervino una familiar de Alejandro Sánchez quien relató las dificultades que enfrentó la familia para conocer su paradero después de la detención.
Afirmó que durante varias horas desconocieron dónde se encontraba su hermano y que tuvieron que acudir a distintas instalaciones de la Fiscalía para obtener información.
La familiar también aseguró que las acusaciones han generado afectaciones a su familia y manifestó que tuvo que abandonar su domicilio por motivos de seguridad ante las amenazas que, dijo, recibió.
Al mismo tiempo, manifestó que la familia no se opone a que las autoridades investiguen, siempre que las diligencias se realicen con apego a derecho.
Productores respaldan a la familia
También participaron productores relacionados con Alejandro Sánchez, quienes manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades.
Uno de ellos explicó que su familia tiene tres generaciones dedicadas a la producción y distribución de alimentos, principalmente de naranja, tuna y plátano.
Señaló que no existe oposición a que se realicen las investigaciones correspondientes, pero pidió que se desarrollen con elementos objetivos y sin afectar injustificadamente las actividades comerciales de las familias.
Central de Abasto pide seguridad y recuerda acciones implementadas
Martínez Vargas también hizo un recuento de las medidas de seguridad implementadas en la Central de Abasto desde que asumió la presidencia del Consejo Directivo.
Explicó que se solicitó la presencia permanente de Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y fuerzas federales, además de vigilancia dentro y en los alrededores del centro comercial.
Informó también que existen aproximadamente 200 cámaras de videovigilancia, con sistemas para registrar vehículos, placas y rostros.
Recordó que durante años comerciantes de la Central fueron víctimas de hechos delictivos y señaló que 17 comerciantes perdieron la vida como consecuencia de hechos relacionados con la delincuencia.
Por ello, insistió en que la organización respalda las acciones de seguridad y las investigaciones contra quienes cometan delitos, pero demanda que no se criminalice de manera generalizada a quienes desarrollan actividades lícitas dentro de la Central de Abasto.
Preparan pronunciamiento ante Presidencia de la República
Como parte de las nuevas acciones, la organización prepara un pronunciamiento dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Fiscalía General de la República y a otras instancias federales, para exponer la situación y solicitar la intervención que corresponda dentro de sus atribuciones.
Martínez Vargas recordó que desde el año pasado ha cuestionado públicamente la actuación del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, y que promovió acciones relacionadas con un juicio político en su contra.
También sostuvo que ha solicitado investigar presuntas estructuras delictivas relacionadas con la administración municipal anterior de Ecatepec y cuestionó la falta de resultados que, desde su perspectiva, han tenido esas denuncias.
Sin embargo, enfatizó que la nueva estrategia no se limita a solicitar la salida del fiscal, sino que busca obtener respuestas institucionales sobre el comunicado del 9 de septiembre, deslindar a comerciantes que no tengan responsabilidad en los hechos investigados y determinar, por las vías correspondientes, las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones irregulares.
Analizan movilizaciones
Finalmente, Martínez Vargas informó que los comerciantes definirán en asamblea las siguientes acciones y advirtió que no se descartan movilizaciones para exigir atención a sus demandas.
Incluso señaló que integrantes de la Central de Abasto han planteado la posibilidad de realizar cierres de carreteras o casetas de cobro para exigir la libertad de Alejandro Sánchez.
La organización reiteró que no se opone a las investigaciones ni a la aplicación de la ley, pero exigió que las autoridades actúen con apego al debido proceso, presenten información precisa y eviten afectar a comerciantes, productores y familias mediante señalamientos que, sostuvo, son falsos e imprecisos.
