📍Ciudad de México | 28 Agosto 2026
Por. Manuel Zepeda
- El agente del Ministerio Público deberá determinar en un plazo máximo de dos horas si la extracción de órganos, tejidos o células interfiere con una investigación penal
- El acuerdo actualiza el convenio suscrito en 2015 fortalece la coordinación, la capacitación y el seguimiento entre las instituciones
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) firmaron un convenio de colaboración que establece mecanismos para agilizar la intervención ministerial cuando la muerte de un potencial donante de órganos, tejidos o células esté relacionada con la investigación de un delito.
El acuerdo fue firmado durante la segunda sesión ordinaria del Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján; Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Sedesa; y Rosa Erro Aboytia, directora general del Cenatra, en representación de la Secretaría de Salud federal.
“Ante escenarios complejos, cuando la pérdida de la vida de un posible donante está relacionada con la investigación de un hecho probablemente constitutivo de delito, la atención médica y la procuración de justicia deben trabajar de manera coordinada, ya que en estas circunstancias cada minuto cuenta y comienza la carrera contra el tiempo”, expuso la fiscal general.
El convenio establece que las agencias del Ministerio Público deberán atender de manera expedita las solicitudes relacionadas con estos procedimientos. A partir de la intervención de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, el agente del Ministerio Público deberá determinar en un plazo máximo de dos horas si existe algún inconveniente para la extracción de un órgano, tejido o célula debido a su relación con la investigación; solo en casos excepcionales podrá ampliar el plazo hasta por cuatro horas y deberá justificarlo debidamente.
La determinación ministerial no constituye una autorización para realizar la extracción, sino que establece si esta interfiere con la investigación penal. Una vez emitida la determinación, el proceso de donación continúa sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos sanitarios y legales correspondientes.
El instrumento actualiza y sustituye el convenio suscrito en 2015. Además, contempla la intervención inmediata de personal pericial, un directorio actualizado de las Fiscalías de Investigación, capacitación especializada para personal ministerial y una Comisión de Seguimiento que revisará su cumplimiento al menos cada seis meses.
En su intervención, la secretaria de Salud dijo que “la actualización de los instrumentos jurídicos brinda certeza a las autoridades y favorece una actuación más ágil y oportuna, sin perder de vista la sensibilidad que requieren las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido y aún en ese momento deciden donar sus órganos y tejidos”.
Por su parte, la directora general del Cenatra expresó: “esto es un paso más para seguir adelante, para poder avanzar y que tanta gente que está necesitando, las más de 17 mil personas que tenemos en lista de espera, tengan una segunda oportunidad de vida para continuar con sus actividades, integrarse a la sociedad”.
Durante la firma del convenio también participaron, por parte de la Fiscalía CDMX, la coordinadora general de Investigación Territorial, Elizabeth Hernández Hernández; el coordinador general de Investigación Forense y Servicios Periciales, Óscar Ochoa Orantes; y el titular del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), Jorge Gómez Carreño.
“La protección a la salud y a la vida son derechos fundamentales, como también lo son la justicia, la verdad y la dignidad de las víctimas. Con la suscripción de este convenio reafirmamos una convicción fundamental: la procuración de justicia y la procuración de vida no son objetivos contrapuestos”, finalizó Bertha Alcalde Luján.
Con esta actualización, las instituciones cuentan con tiempos definidos y una ruta de actuación clara para favorecer la disposición oportuna de órganos, tejidos y células, sin comprometer las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
